La principal asociación de abogados de inmigración del país advirtió que la política de ‘tolerancia cero’ implementada en la frontera viola la ley y la Constitución y demandan acciones inmediatas para asistir legalmente a los afectados. Además, pide que el legislativo revise lo que está haciendo el gobierno de Trump con los inmigrantes.
AILA, la principal asociación de abogados de inmigración del país, le está exigiendo al Congreso que actúe para poner fin a los “abusos al debido proceso migratorio” cometidos por el gobierno de Donald Trump con la implementación de la política de ‘tolerancia cero’ en la frontera.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reconoció haber separado forzosamente entre el 5 de mayo y el 9 de junio a 2,551 menores tras imponer cargos criminales a sus padres. Si bien no existe una política de separación de familias, con esta decisión las autoridades le arrebataron los niños a los progenitores y adultos que los custodian y los enviaron al cuidado del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS).
Una vez terminados los procesos criminales, los padres siguen un escabroso camino, primero para dar con el paradero de los menores y luego para recuperarlos, un proceso para el cual el gobierno no estableció un protocolo claro e inmediato que facilitara los reencuentros.
El 26 de junio una corte federal del sur de California en San Diego ordenó al DHS reunificar a la totalidad de las familias afectadas. Al término de los plazos establecidos, unos 600 menores no fueron reunificados. El DHS dijo que los reencuentros no se llevaron a cabo, o bien porque sus padres fueron deportados solos o no calificaban para el reencuentro.
La mayoría de las familias que fueron separadas en la frontera venían huyendo de sus países a causa de la violencia y la pobreza y buscaban asilo en Estados Unidos.
A las puertas del desacato
La semana pasada, el juez Dana Sabraw, durante una audiencia telefónica con abogados del Departamento de Justicia y de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), calificó de “inaceptable” que el gobierno solo haya logrado contactar a una docena de padres deportados o liberados sin sus hijos.
El juez también pidió que el gobierno designe a un «supervisor» y que explique de una vez por todas cómo va a ubicar a los padres deportados o liberados de más de 500 menores bajo su custodia. «Por cada padre que no sea localizado un niño quedará permanentemente huérfano y eso es 100% responsabilidad del gobierno«, precisó durante la vista judicial telefónica.
La corte también pidió a la ACLU que designe un comité para ayudar en la localización de 410 padres que ya no se encuentran en el país porque fueron deportados solos. Los abogados del grupo de derechos civiles señalaron que ya cuentan con un equipo de trabajo que lo hace en colaboración con asociaciones civiles y consulados de países de Centroamérica, de donde proviene la mayoría de los padres afectados por la política de ‘tolerancia cero’ del gobierno.
“El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la agencia policial más grande del país, ha separado sistemática y deliberadamente a los niños de sus padres inmigrantes y los ha utilizado como moneda de cambio para obligar a sus padres a aceptar la deportación”, afirma la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) en su página digital.
Añade que esta práctica, anunciada por el fiscal general en abril, pero implementada en mayo, “tiene la intención de enviar una onda de temor a otras familias que consideran venir a Estados Unidos, que les pasará lo mismo si intentan solicitar asilo”.
Ver m[as en: Univisión
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