Ernesto y Antonio son inmigrantes que en los últimos meses llegaron a la frontera sur en busca de asilo en Estados Unidos. Ambos pasaron la entrevista de miedo creíble y fueron liberados; el primero bajo el pago de una fianza. Debido a la cola para que se presenten ante un juez, uno de ellos se regresó a su país de origen por una emergencia familiar; el otro quiere irse porque se cansó de esperar.
Pidió asilo y se fue
Ernesto, cuyo nombre es otro y pidió mantenerlo en reserva, dice que huyó de Venezuela porque se opone al gobierno de Nicolás Maduro y, como consecuencia de ello, fue perseguido. “En 2015 decido abandonar el país. Me fui a Miami, introduje mi solicitud de asilo político y todo marchaba perfecto”, explica.
Pero a finales de 2016 “empezaron a amenazar a mi mamá y mi hermano, hasta llegar al punto que ingresaron a mi casa a robar todo lo que ahí había”.
Ernesto cuenta además que quienes asaltaron su casa amenazaron con matar a su mamá si no pagada una fuerte suma de dinero y, que por esa razón, “mi esposa y yo nos regresamos para estar cerca de ella”.
En noviembre del 2018 vuelve a huir, esta vez con destino a Chile. Estando en el país sudamericano “me enviaron mensajes y fotografías diciéndome que me tenían ubicado, tanto a mí en Chile como a mi esposa e hijo en Venezuela y que tenía que pagar por opositor y para seguir con vida los tres”.
La nueva crisis ha vuelto a replantear el regreso a Miami y continuar con el pedido de asilo presentado en el 2015. “¿Tendré alguna posibilidad de hacerlo por la frontera?”, pregunta.
Orden de deportación en ausencia
El abogado de inmigración José Guerrero, quien ejerce en Miami, Florida, explica que “si la persona pidió asilo, está en proceso de corte y abandona el proceso, el tribunal le emitirá una orden de deportación en ausencia”.
“Siempre es preferible esperar. El juez sí o sí tiene que tomar una decisión sobre el caso. Si se abandona, pierde. Los solicitantes de asilo una vez inician el proceso no pueden abandonarlo. Lamentablemente existe una larga cola en las cortes de inmigración y algunas peticiones pueden demorar años en llegar a las manos de un juez”, agrega.
Guerrero indicó además que en abril del año pasado “el entonces fiscal general, Jeff Sessions, ordenó no solo que los jueces procesen una cuota anual de casos, sino que tienen que estar finalizados ya sea con un beneficio o un rechazo”.
La orden fue emitida el 11 de abril durante la presentación de una serie de observaciones presentadas por Sessions, entre ellas una cuota anual de 700 casos por año o de lo contrario los jueces podrán ser despedidos por bajo rendimiento.
“Le he dejado claro a los jueces que esperamos que completen los casos de manera rápida y eficiente. No para ponerlos en espera, sino para completarlos”, dijo entonces el fiscal general, que en noviembre del año pasado fue despedido por Trump.
Guerrero también señaló que “si un inmigrante que pidió asilo se marcha y luego quiere regresar a Estados Unidos, no puede hacerlo porque en la petición original de protección dijo que no podía volver porque su vida estaba en peligro”.
En el segundo caso, el de Antonio, quien pidió asilo, se encuentra en Estados Unidos, pero teme por su futuro ante la larga espera para ver a un juez, Guerrero recomienda que “tenga paciencia”.
“Lamentablemente la persona no tiene elección de decir que ya no quiere asilo. Si abandona el caso, como lo hizo Ernesto, recibirá una orden de deportación en ausencia. Debe esperar hasta ver al juez y en la audiencia, si decide retirar la solicitud, pedirlo. Pero siempre y cuando tenga una razón válida para hacerlo”.
A finales de mayo Univision Noticias reportó que el colapso se había agravado en las cortes de inmigración con casi 900,000 expedientes acumulados en lo que iba del año fiscal. Y es probable que en el corto plazo la cifra de acumulados sobrepase el millón. Con estas cifras, algunos jueces tardarían casi 13 años en resolver los casos que tienen pendientes.
El atasco se elevó a 892,517 casos al 30 de abril, según datos del Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse, en Nueva York.
A la cifra de acumulados hay que añadir 352,159 casos reactivados por Sessions el año pasado. Esto deja a las cortes de inmigración con 1,244,676 expedientes pendientes de resolución para solo 424 jueces activos, quienes tendrían cada uno en promedio 2,935 casos.
A un promedio de 700 casos por año, cada uno demorará 49 meses (4.1 años) en limpiar sus carteras, siempre y cuando en ese tiempo no les adjudiquen nuevos procesos.
Autor: Jorge Cancino
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